El Comité de Derechos Sociales insta a España a modificar las condiciones de despido improcedente para elevar los costes o eliminar el tope máximo actual.
El cambio es muy relevante, porque la Carta Social Europea señala que el despido no impacta de la misma forma a los trabajadores en función de su situación social o laboral. De ahí que se abre la puerta a que el coste del despido sea variable en función de la empleabilidad futura de la persona despedida, su formación, la situación del mercado laboral donde viva, su riesgo de pobreza, si tiene personas a cargo… Se pide que el coste del despido también dependa de la situación individual del trabajador y ésta «agrave la cuantía de la indemnización».
La normativa actual no cumple con el objetivo de reponer el daño sufrido por el trabajador, ni mucho menos tiene efecto disuasorio. El Gobierno deberá plantearse si vuelve a los 45 días de antes de la reforma laboral, o si quedará al arbitrio de los jueces fijar la cuantía indemnizatoria, una especie de despido a la carta. De esta forma, la empresa no sabrá de antemano cuánto le costaría el despido, y se cumpliría con el efecto disuasorio y reparador del daño.
